SIN ECONOMÍA PRODUCTIVA NO HAY ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Por: Dagoberto Quiroga Collazos

La estabilidad democrática y la justicia social dependen de transformar la forma en que Colombia produce riqueza.

Colombia no enfrenta solo una disputa política. Enfrenta una tensión histórica entre lo que promete su Constitución y lo que realmente puede sostener su economía.

La Constitución de 1991 definió al país como un Estado Social de Derecho. Es decir, una sociedad que reconoce derechos sociales efectivos y no solo libertades formales. Sin embargo, durante más de tres décadas hemos intentado aplicar ese mandato constitucional sobre una estructura económica que no fue transformada. Ese es el origen profundo de nuestras crisis recurrentes.

El país puede avanzar en derechos, pero tropieza en su financiación. Cada política social termina dependiendo de una reforma tributaria; cada reforma tributaria genera resistencia; cada resistencia alimenta la polarización. No es un problema de gobiernos ni de partidos: es un problema de modelo de desarrollo. Colombia no ha resuelto aún cómo producir riqueza compleja de manera amplia y sostenida.

Seguimos dependiendo principalmente de rentas extractivas, actividades de baja productividad e informalidad laboral masiva. Así, el Estado intenta cumplir obligaciones sociales modernas con una economía que aún no genera suficiente empleo formal ni productividad para sostenerlas plenamente.

Por eso el debate nacional permanece incompleto. Discutimos la distribución sin discutir la producción,  abundan promesas, pero escasean explicaciones sobre la base económica que puede sostenerlas. Sin transformación productiva, cualquier propuesta social corre el riesgo de quedarse en intención y no convertirse en realidad duradera.

La justicia social no fracasa por exceso de ambición moral. Fracasa cuando carece de soporte material. Un Estado Social de Derecho requiere estabilidad fiscal, y la estabilidad fiscal depende de empleo formal, productividad y valor agregado interno. Sin transformación productiva, los derechos sociales quedan sometidos al ciclo político y a la coyuntura económica.

No se pretende reemplazar la justicia social por crecimiento económico. Por el contrario, parte de una idea simple: la riqueza debe distribuirse, pero solo puede distribuirse de manera estable cuando la sociedad es capaz de producirla ampliamente. Sin producción suficiente, la redistribución es frágil; sin redistribución, el crecimiento pierde legitimidad.

Pero hay un elemento aún más delicado: la autonomía del Estado. Cuando el poder económico logra influir en las reglas, los impuestos y la contratación pública, la corrupción deja de ser un problema de personas y se convierte en un problema del sistema, es decir, deja de ser un comportamiento individual y se convierte en un fenómeno estructural. En ese momento el problema ya no es solo ético, es institucional: la democracia empieza a perder credibilidad.

Un Estado capturado no puede planificar desarrollo ni garantizar igualdad ante la ley. Por eso la discusión real no es mercado contra Estado. La discusión es si el Estado conserva capacidad para orientar el desarrollo económico conforme al interés general.

La transformación productiva exige entonces dos decisiones simultáneas: fortalecer la capacidad regulatoria del Estado y orientar la economía hacia conocimiento, industria, agroindustria y tecnología. No se trata de sustituir al sector privado ni de debilitarlo, sino de integrarlo a un proyecto nacional de desarrollo.

La polarización actual no nace solamente del discurso político. Nace de la frustración social cuando amplios sectores perciben que, aun cumpliendo las reglas, no logran progresar. La estabilidad democrática depende de que las instituciones ofrezcan oportunidades reales de movilidad social.

Hace décadas John F. Kennedy advirtió que cuando las sociedades cierran los caminos del cambio pacífico, se deteriora la estabilidad institucional. No era una consigna, era una constatación histórica: la paz social requiere reformas efectivas dentro de la democracia. Por eso la transformación productiva no es un programa sectorial ni una agenda tecnocrática. Es una política de estabilidad republicana.

Colombia no necesita escoger entre crecimiento o equidad. Necesita un modelo económico que permita que el crecimiento financie la equidad y que la equidad fortalezca la democracia.

Sin base productiva moderna, el Estado Social de Derecho será siempre frágil. Con base productiva moderna, la democracia será sostenible.

En consecuencia, el verdadero debate nacional no es ideológico. Es histórico: decidir si el país seguirá administrando la escasez o construirá las condiciones materiales del bienestar colectivo.

La igualdad que se proclama en la Constitución debe sostenerse en la economía.