LA PROPUESTA CONTRA LA CORRUPCIÓN PRUEBA EL CARACTER DEL CANDIDATO.

Por: Dagoberto Quiroga Collazos

La corrupción no es un problema más: es quizá la prueba mas clara del carácter de un candidato La corrupción es uno de los flagelos más transversales de Colombia. Agrava casi todos los problemas nacionales, pero debe ser prioritaria por una razón decisiva: contamina el corazón mismo de cualquier solución, que son los recursos públicos.

Alimenta la desigualdad, debilita las instituciones, distorsiona la democracia y frustra los derechos. Por eso, para quien quiera pensar seriamente el futuro del país, la posición de un candidato frente a la corrupción no es un asunto secundario: es una verdadera prueba de carácter.

Para mí, uno de los puntos que debería ser decisivo a la hora de otorgar el voto es precisamente ese: qué piensa realmente cada candidato sobre la corrupción y cómo está dispuesto a enfrentarla. Ese tema revela más que muchos discursos. Muestra la concepción que tiene del Estado, la profundidad de su compromiso con lo público y la seriedad de su voluntad transformadora.

Hasta ahora, no he escuchado una visión más seria sobre este asunto que la de Iván Cepeda. Y eso no es menor. Porque la manera como un candidato entiende la corrupción dice mucho de su talla política. No se trata solo de prometer castigos, de repetir frases de indignación o de posar como cruzado moral. Se trata de comprender qué es realmente la corrupción en un país como Colombia. Lo más valioso de la visión de Iván Cepeda no está únicamente en la frase fuerte de que en su gobierno “los Olmedos no serían tolerados”.

Esa expresión tiene fuerza política, sin duda. Pero lo verdaderamente importante es lo que deja entrever de fondo: la corrupción no puede seguir tratándose como una suma de conductas individuales ni como una sucesión de escándalos mediáticos.

En Colombia, la corrupción es mucho más que eso. Es, en demasiados casos, una estructura de poder. No se trata simplemente de funcionarios deshonestos o de contratistas voraces. Se trata de redes organizadas que han aprendido a capturar el Estado, a convertir los recursos públicos en negocio privado y a transformar los derechos de la ciudadanía en botín político. Por eso, perseguir al corrupto visible puede ser necesario, pero nunca suficiente.

El problema no es solo el personaje que cae en desgracia; el problema es el sistema que lo produce, lo protege y lo recicla. Ahí radica, quizá, la mayor virtud del enfoque que ha insinuado Cepeda: entender que la lucha contra la corrupción no puede reducirse a moralismo ni a castigo ejemplar. Si se quiere enfrentar de verdad, hay que asumirla como una disputa por el sentido mismo del Estado.

En Colombia, durante demasiado tiempo, la corrupción dejó de ser una desviación excepcional para convertirse en una forma de funcionamiento del poder. Se expresa en la contratación amañada, en los intermediarios que viven del presupuesto, en el clientelismo que captura instituciones, en las alianzas entre operadores políticos y contratistas, y en la apropiación territorial de recursos que deberían estar al servicio de la gente.

Allí está la verdadera dimensión del problema. Pero hay una verdad que el país debe asumir sin eufemismos, y que pocas veces se dice con la claridad necesaria: mucha de la corrupción no empieza cuando se roba un contrato; empieza antes, cuando se decide quién tendrá el control sobre los recursos públicos.

Mucha de esa corrupción se incuba desde el Congreso, cuando el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación dejan de responder a criterios de planeación, equidad y prioridades sociales, y comienzan a deformarse por cuotas burocráticas, favores políticos, componendas y lógicas clientelares. Allí se siembra buena parte del saqueo.

Porque cuando el presupuesto se negocia como botín, la corrupción ya no es una desviación posterior: ya quedó sembrada en la decisión política inicial. Por eso, cuando se habla de corrupción, no basta con mirar la ejecución del gasto. Hay que mirar también cómo se forman las decisiones, cómo se aprueban las partidas, cómo se intercambian apoyos y cómo se reparte el poder sobre los recursos. Muchas veces el robo no comienza en el contrato; comienza en el diseño político del presupuesto.

Y esa es una de las razones por las cuales el país necesita una visión más profunda y más valiente sobre este tema. En ese sentido, que Iván Cepeda haya puesto el foco en los macrocasos y en el manejo de las regalías resulta políticamente significativo. Allí se concentran muchos de los mecanismos históricos del saqueo: grandes recursos, baja trazabilidad real, fuerte intermediación política y territorios donde el Estado institucional suele ser débil, mientras el poder clientelar y mafioso se fortalece.

La corrupción no siempre se cocina en los grandes salones del poder central; muchas veces se territorializa, se naturaliza y se convierte en método cotidiano de dominación.

Pero si esa visión quiere convertirse en una verdadera propuesta presidencial, debe dar un paso adicional y asumir la lucha contra la corrupción como una política de reconstrucción del Estado. No como una simple bandera de campaña, sino como una transformación estructural.

Eso significa, por lo menos, cuatro cosas. Primero, cerrar las compuertas del clientelismo en la formación del presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo, para que la planeación vuelva a responder al interés general y no a la lógica de las cuotas.

Segundo, garantizar trazabilidad pública real sobre los recursos, especialmente en regalías, inversión territorial y grandes partidas sociales, de manera que la ciudadanía pueda saber no solo cuánto se asigna, sino a quién, para qué y con qué resultados.

Tercero, romper el vínculo perverso entre poder político y negocio privado, que ha permitido que la contratación pública funcione muchas veces como mecanismo de financiación de maquinarias y reproducción de poder.

Y cuarto, entender que la corrupción no es solo una falta ética ni un delito contra el erario: es una forma concreta de negación de derechos. Cada peso robado en salud, educación, agua potable, vivienda, infraestructura o alimentación pública no es una simple irregularidad administrativa.

Es un derecho que no llega. Es una comunidad que sigue esperando. Es una democracia que se vacía por dentro. Por eso insisto: la posición de un candidato frente a la corrupción debería ser uno de los criterios decisivos para votar. Porque allí no solo se mide su discurso. Se mide su carácter. Se mide si entiende al Estado como botín o como instrumento de justicia social.

Se mide si ve la corrupción como un espectáculo mediático o como una estructura de poder que debe ser desmontada. Se mide, en últimas, si está dispuesto a gobernar para la sociedad o para las redes que históricamente han vivido de saquearla. La lucha contra la corrupción no puede reducirse a perseguir al ladrón visible. Debe consistir en desmontar la arquitectura que lo produce.

Debe comenzar allí donde muchas veces nace: en la captura política del presupuesto, en la deformación clientelar de la planeación y en la renuncia del Estado a servir al interés general. Por eso conviene decirlo con toda firmeza: la corrupción no se derrota persiguiendo solamente al corrupto visible; se derrota cuando el Estado deja de ser botín y vuelve a ser instrumento de la sociedad.

Y en Colombia, muchas veces, el robo no empieza en el contrato. Empieza en el Congreso, cuando el presupuesto se negocia como botín y no como instrumento de justicia social. La corrupción no es solo un delito contra el erario. Es una traición a la democracia, porque cuando el presupuesto se vuelve botín, los derechos del pueblo se convierten en mercancía.