LA CRISIS DE LA SALUD Y EL FRACASO DE CONVERTIR DERECHOS EN NEGOCIOS

Por: Dagoberto Quiroga Collazos

La crisis de la salud en Colombia  no es una simple falla administrativa ni un trance repentino. Es la manifestación de problemas estructurales acumulados y tolerados durante varias décadas.

Lo que hoy evidencia la crisis en la salud, es el agotamiento de un modelo diseñado para que el derecho a  la salud fuera mercantilizado y organizado bajo la lógica del mercado. Es la expresión de un Estado que desde hace tiempo perdió la conducción de regular y vigilar un sistema de salud que maneja recursos públicos y derechos fundamentales. En otras palabras, el país cedió al mercado la administración de un derecho esencial para la vida. 

Durante años se le dijo al país que el sistema de salud colombiano era un ejemplo de modernización y eficiencia. Se mostraban cifras de cobertura, carné, EPS y una red aparentemente organizada, como prueba suficiente de que el derecho a la salud estaba garantizado.

Sin embargo, detrás de esa apariencia se fue acumulando una verdad incómoda: el sistema no se estaba construyendo para garantizar plenamente el derecho a la salud, sino para administrar financieramente la enfermedad a través de múltiples intermediarios. Se le hizo creer al país que gracias a la supuesta superioridad del mercado, el sistema de salud colombiano era exitoso porque había ampliado su cobertura, pero la verdad es que  el derecho a la salud quedó atrapado entre trámites, autorizaciones, deudas, demoras y una compleja red de intermediación financiera orientada por la rentabilidad y corrupción.

La salud había dejado de ser tratada como un derecho fundamental y fue convertida en un negocio. No era el único caso, Colombia fue permitiendo que varios derechos fundamentales y servicios esenciales quedaran progresivamente sometidos a lógicas empresariales, tarifarias y de rentabilidad. (salud, educación Servicios públicos domiciliarios, seguridad social y hoy el  servicio de internet)

De este modo, el Estado Social de Derecho se fue desnaturalizando. Los derechos fundamentales, esenciales y vitales del ser humano empezaron a verse desde la óptica de la mercantilización,  el derecho se convierte en negocio, el ciudadano dejó de ser visto como ser humano sujeto de derechos, para pasar  a ser tratado como usuario, cliente o consumidor de servicios administrados por el mercado. Porque cuando un derecho se convierte en negocio, deja de funcionar plenamente como derecho y empieza a operar como mercancía, donde la rentabilidad es el objetivo principal.

La Constitución en su artículo 49 dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Pero en el Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general, como lo consagra la Constitución política, la salud pasa a ser visto como un mercado, como un simple escenario de competencia económica.

La salud, que debía ser tratada como un derecho fundamental, terminó administrada en buena parte bajo una lógica de intermediación. No se trató solo de prestar servicios médicos. Se creó una arquitectura en la que, entre el paciente y la atención, se interpusieron autorizaciones, auditorías, glosas, carteras, deudas y filtros administrativos. El resultado fue una paradoja profundamente injusta: el Estado seguía poniendo buena parte de los recursos y cargando con la responsabilidad política, pero la experiencia concreta del usuario dependía, muchas veces, de la capacidad financiera o administrativa de un intermediario.

Dicho en términos sencillos: el sistema no se organizó para producir salud, sino para administrar la enfermedad y el flujo del dinero.

Esto no significa que  la participación privada puede existir. La Constitución no la prohíbe, pero lo que si resulta inaceptable es que esa participación termine desfigurando la naturaleza de los derechos. Cuando están en juego la vida, la dignidad y las condiciones materiales de existencia, el interés general debe prevalecer sobre la lógica del lucro.

Estar afiliado a salud y tener carneé no fue suficiente, la rentabilidad jugó papel importante en esa  transformación,  del derecho a la salud a mercancía,  de servicio a cargo del Estado a la sujeción del mercado a la renta. Tener cobertura no significó tener mejor atención,  el resultado más frecuente fue esperar meses por una cita, ver negado un medicamento, sufrir demoras injustificadas en autorizaciones, o terminar presentando una tutela para obtener lo que la Constitución reconocía.

Ese hecho  basta para entender la profundidad del problema. Cuando una persona debe acudir al juez para que le entreguen una quimioterapia, una cirugía o un tratamiento esencial, no está fallando un simple trámite: está fallando el sistema en su diseño mismo.

El sistema no se está enfermando apenas ahora; venía enfermo desde hace años, lo que pasa es que la enfermedad ya se volvió inocultable.

La crisis de la salud hoy no es solo médica:  es una crisis de poder, dinero y dirección del Estado. Falta plata… pero también falta verdad sobre qué ha pasado con la plata.

Unos dicen que la UPC no alcanza, que el valor por paciente está mal calculado, otros dicen que sí hay recursos, pero se perdieron en ineficiencia, integración perversa, mala administración, opacidad y negocio con la enfermedad.

La propia Corte Constitucional viene insistiendo al sistema por el tema de la suficiencia de la UPC, impulsando una revisión técnica  sobre ese cálculo.  Eso significa que el problema financiero no es inventado, pero la discusión no puede reducirse a cuánto dinero entra, sino a como se administra, quien lo controla y para que se usa.

El problema no fue solo la intermediación; el problema fue la mercantilización de la salud, no se organizó el sistema alrededor del paciente, sino  alrededor del costo, del flujo del dinero, de la contención del gasto y de la sostenibilidad de estructuras empresariales, el paciente dejó de ser sujeto de derechos y pasó a ser un costo del sistema, como pasó con otros derechos fundamentales, aunque en la salud se evidencia aún más fuerte porque es más cercano al  dolor y la vida.

Los principales síntomas de la crisis del  sistema, se manifestaron según diagnóstico, de  sub-financiación acumulada, concentración de poder en intermediarios, privatización de funciones públicas, abandono de la prevención y un modelo hecho para pagar enfermedad más que para producir salud.

El modelo de las EPS (con algunas excepciones)  mostró su agotamiento cuando llegaron a su límite las barreras para citas, las dificultades para entrega medicamentos,  las interminables  autorizaciones, deudas enormes con clínicas y hospitales, los usuarios atrapados en trámites, y los recursos públicos convertidos en laberintos administrativos.

El país terminó creando un sistema en donde el paciente cree que tiene derecho, pero muchas veces debe pelearlo como si fuera un favor.

El gobierno del presidente Gustavo Petro no inventó la crisis, pero sí asumió el costo político  de enfrentarla. Tiene razón en el diagnóstico estructural:  la salud no puede seguir tratándose como un mercado administrado, sino como un derecho garantizado.

Sin embargo, también es cierto que una reforma mal implementada puede agravar la crisis. Por eso el debate no debe centrarse en la falsa dicotomía de “sí a las EPS” o “no a las EPS”, sino en algo más serio: cómo garantizar flujo oportuno de recursos, continuidad de tratamientos, red territorial suficiente, talento humano protegido y una transición que no sacrifique a los pacientes.

La crisis de la salud demuestra que hubo debilidad, permisividad y en muchos casos complicidad de un  Estado que perdiendo  la capacidad de dirigir, regular, planear y vigilar de verdad un sistema financiado con recursos públicos, pero atravesado por intereses privados y por una intermediación que terminó absorbiendo demasiado poder.

Durante décadas, el país escuchó una idea repetida por los sectores hegemónicos: que el problema era el exceso de Estado, que había que reducirlo, achicarlo, retirarlo y dejar que el mercado organizara mejor los servicios. Pero lo que hoy revela la crisis es exactamente lo contrario.

El problema no fue que hubiera demasiado Estado. El problema fue que el Estado conservó la responsabilidad formal, pero entregó la conducción real.

Durante mucho tiempo se confundió cobertura con garantía del derecho. Se asumió que, si una persona estaba afiliada, entonces estaba protegida pero tener carné no significó necesariamente tener atención. Tener EPS no garantizó una cita a tiempo, un medicamento completo o una cirugía oportuna. En muchos casos, el ciudadano tuvo que luchar por lo que constitucionalmente ya le pertenecía.

Por eso, la salida no puede ser ni nostalgia del modelo agotado ni improvisación en la reforma. El Estado debe recuperar la capacidad de ordenar un sistema eficiente de salud, sin perder la capacidad de regularlo, auditarlo, planearlo a largo plazo y responder con presencia territorial garantizando la transparencia de los recursos.

Al mismo tiempo debe fortalecer el hospital público, el centro de salud, el equipo territorial y la prevención. De lo contrario solo habrá redistribución administrativa del problema.

 Hay una regla ética que no puede romperse: el paciente no puede pagar el costo de las improvisaciones, ni el enfermo crónico, ni el paciente oncológico, ni el niño, ni el adulto mayor, ni quien depende de un medicamento de alto costo para vivir.

Un verdadero sistema de salud debe ser diseñado para prevenir, anticipar, cuidar, acompañar y resolver tempranamente. La salud no puede seguir siendo una respuesta tardía a la enfermedad; debe convertirse en una política activa de protección de la vida.

En conclusión, la crisis de la salud no demuestra que el Estado Social de Derecho haya fracasado. Lo que demuestra es el fracaso de haber permitido que un derecho fundamental fuera arrastrado por la lógica del negocio.