• Luis H. Barreto

Por una república popular en Colombia


Origen, causa y consecuencias de la violencia estructural


El sociólogo noruego Johan Galtung utilizó el concepto de violencia estructural para referirse a las estructuras de una sociedad que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de una parte significativa de la población. Estas estructuras que promueven la injusticia social se manifiestan en relaciones de poder y oportunidades de vida desiguales (Galtung, 1998).


Por lo general, la violencia estructural produce violencia física y directa de doble vía: actores violentos que se rebelan contra las instituciones y la respuesta violenta de quienes representan esas instituciones.


Ambos tipos de violencia, física y estructural, muchas veces está legitimada por doctrinas políticas, religiones, lenguas, ciencias empíricas, etc., produciendo una violencia cultural.



En Colombia está violencia estructural tiene sus raíces en la concentración del ingreso. El cuadro de abajo muestra que el 10% más rico de la población recibía en 1983 el 35.3% del ingreso nacional, mientras que el 50% más pobre recibía el 21.6%. Esa misma relación para 2016 fue de 40.8% para el 10% más rico y 15.9% para el 50% más pobre.


La evolución de la concentración del ingreso es el indicador líder que se correlaciona con el actual nivel de pobreza del 39% de la población, el desempleo permanente de dos dígitos, la informalidad laboral que bordea el 50% de los trabajadores, el alto déficit de vivienda habitacional de la población más pobre, la carencia de agua potable en distintas regiones del país, la persistencia de algún grado de analfabetismo en las zonas rurales y el alto índice de analfabetismo digital en el país, entre otros.


Las causas de esa mayor concentración del ingreso, se explica principalmente porque a finales de los años 80 Colombia comenzó un rápido proceso de inmersión de su economía en la doctrina neoliberal. Los dirigentes del primer cuatrienio de los años 90, fueron fieles en aplicar la receta del Consenso de Washington para América Latina: privatizaron buena parte de los activos públicos, desregularon la entrada de capitales, liberaron abruptamente el comercio internacional, flexibilizaron las relaciones laborales, abrieron las puertas para que entrara de manera indiscriminada no solo la inversión extranjera directa, sino todo tipo de capitales especulativos con flotación de la tasa de cambio.


Al mismo tiempo, los constituyentes de 1991 crearon un marco jurídico y social dirigido a garantizar un amplio espectro de derechos fundamentales, económicos y sociales, en la dirección de lograr una mayor equidad e igualdad de oportunidades para toda la población.


Fueron dos grupos de actores sociales y políticos distintos con objetivos contrapuestos, quienes con diferentes agendas realizaron las reformas sin nunca haber tenido al respecto un simple dialogo entre ellos.


En Colombia nunca se ha debatido, de manera explícita, los pros y contras de poner a convivir esas dos tendencias antagónicas, ni mucho menos ha intentado armonizarlas y hacerlas coherentes. Ante este panorama, era de esperarse lo que de finalmente ha sucedido: una tensión y un desgaste institucional a lo largo de las últimas 3 décadas, entre los magistrados que defienden la Constitución de 1991 sin limitación alguna, y quienes permanentemente buscan contra-reformas para acotar los derechos del pueblo.


La tensión social, política e institucional se ha exacerbado por cuenta del régimen político clientelista y las relaciones de mutuo beneficio entre buena parte de estos sectores políticos y actores ilegales. El fin es la captura del Estado para viabilizar sus actividades electorales e ilegales. En ese escenario, se desdibuja la razón de ser del Estado ya que deja de ser prioritario solucionar los problemas de la población, aun los más apremiantes.


En esa desinstitucionalización del Estado algunos sectores del empresariado también han jugado su papel. Las relaciones que se establecen entre esos grupos empresariales y los actores políticos, muestran que los primeros financian las campañas políticas de los segundos, para que más tarde los gobiernos que así se hacen elegir retribuyan los favores recibidos en términos de privilegios y beneficios del Estado. Los demás miembros de la sociedad civil, si bien no participan directamente en esas conductas antiéticas e ilegales las toleran con su indiferencia.


Dadas estas conductas entre actores legales e ilegales y de algunos políticos con parte del empresariado, se teje una serie de relaciones informales que a la larga terminan influyendo y sesgando las decisiones de quienes ostentan el poder del Estado. Así se origina y se reproduce la corrupción, sistémica y generalizada, lo cual significa que esa conducta no es sólo un problema de individuos carentes de ética, sino que es un problema inherente a una organización premeditada de actores públicos y privados para la consecución legal, ilegal y continúa de beneficios particulares a costa de los recursos y bienes públicos.


Es por ello que, en Colombia, en los últimos tiempos, nos hemos dedicado a lidiar con la tensión institucional y a intentar atajar la creciente corrupción, lo que nos ha hecho olvidar o aplazar la respuesta a una pregunta fundamental como nación: ¿Cómo podemos convivir en paz, crecer y desarrollarnos de manera equitativa y sostenible?


Hoy por hoy, tanto la sociedad civil como el estado colombiano están tan divididos y fragmentados que el país carece de una estrategia formal de desarrollo a largo plazo, concebida de manera coherente y sólida; y, por el contrario, la política pública se ha vuelto de carácter reactivo, contingente y cortoplacista.


Protesta social


La protesta social de los últimos años en Colombia es la respuesta a la violencia estructural, por parte de la población vulnerada en sus derechos humanos, culturales, políticos, sociales y económicos. No solo la desigualdad social y la pobreza han impulsado la protesta, también la indignación ante la repartición de prebendas tributarias a los poderosos, la inacción del estado ante la corrupción y la consecuente impunidad. Adicionalmente, estos mismos dirigentes presentan reformas tributarias regresivas y lesivas para la población de ingresos medios y bajos.


La represión policial y la negación al dialogo han sido las respuestas del gobierno a quienes protestan. Decenas de jóvenes han caído muertos durante estas jornadas producto de las balas oficiales.


Este descontento social sigue latente en Colombia y el régimen lo sabe. No de otra manera se explica el logro de matrícula cero de los estudiantes de las universidades públicas, la ampliación de la cobertura del subsidio ingresos solidario y la congelación del precio a la gasolina.


El Pacto Histórico


Gustavo Petro ganó la consulta de la coalición del Pacto Histórico el pasado 13 de marzo y Francia Márquez lo acompaña como aspirante a la Vicepresidencia. Petro y Márquez han interpretado el descontento social y es alta la probabilidad de que triunfen en las elecciones a la presidencia.


El Programa de gobierno “Colombia: Potencia Mundial de la Vida” propone la paz para Colombia, profundizar la democracia, combatir la corrupción, reducir la desigualdad social y propiciar un sistema económico descarbonizado, productivo e incluyente, además de iniciar un proceso acelerado de transición energética, entre otras propuestas.


Durante la campaña, Petro y los representantes del Pacto Histórico han presentado las propuestas contenidas en el programa de gobierno y las que más polémica han generado han sido las reformas: pensional, a la salud, tributaria, arancelaria, transición energética y la reconciliación social, entre otras.


El concepto del populismo Pacto Histórico


Las propuestas del Pacto Histórico han recibido el descalificativo de “populista” no solo por parte de los contradictores políticos, sino de periodistas, académicos, exministros y columnistas de opinión. Con el sentido peyorativo de populista, la intención es indicar que las propuestas son inviables, exageradas, descabelladas y que desestabilizarán la economía, razón por la cuál, adicionalmente son clasificadas de propuestas demagógicas y sus efectos los comparan con las crisis macroeconómicas de la Venezuela actual o con los gobiernos de Perón en Argentina, Allende en Chile, Vargas en Brasil y García en Perú, entre otros.


Lo cierto es que, para los sistemas políticos y económicos oligárquicos, lo popular es marginal si es que no está por fuera del sistema, el que a su vez se autodenomina democrático. Si a quienes representan este sistema de poder se les propone la inclusión de la población excluida, reaccionan utilizando el término populista para negar esta inclusión. La explicación la dan en términos de la hiperinflación que puede causar financiar esa inclusión y, desde luego, la desestabilización macroeconómica.


El populismo es el concepto más polémico, vilipendiado y estigmatizado de la filosofía política, desde marxistas hasta neoliberales pasando por los institucionalistas y demás corrientes del espectro teórico.


Sin embargo, Bigliere y Cadahia (2021) elaboran el concepto de populismo desde la militancia y con rigor intelectual, profundizando los trabajos previos que al respecto ha publicado Laclau (2005). La apuesta de los siete ensayos sobre populismo de Bigliere y Cadahia, imagina una vida social diferente y con carácter universal, alternativa al neoliberalismo. En este sentido, las autoras entienden el populismo como un pensamiento filosófico y político emancipador, que podría ofrecer respuestas a distintos problemas aún sin resolver por la modernidad, y para Colombia, salidas a los cuellos de botella de la pre-modernidad y a las culturas hibridas que todavía persisten.


La estigmatización del populismo es uno de los mecanismos utilizados por el neoliberalismo y sus plutócratas para mantener neutralizado y bajo control el poder popular. Bigliere y Cadahia lo ven como una debilidad del neoliberalismo, la que a su vez convierten en una oportunidad de fortaleza para el pueblo. El poder del pueblo está en su capacidad para organizarse y es allí precisamente donde se encuentra su secreto emancipador.


La institucionalización del poder del pueblo


Además del valioso concepto del poder del pueblo, Biglieri y Cadahia, en su cuarto ensayo, elaboran la dimensión del populismo republicano en la que nos invitan a pensar en una lógica institucional rupturista y alternativa a las instituciones propias del neoliberalismo.


Ya veíamos arriba como la tecnocracia económica a comienzos de los noventas, creó las instituciones, formuló y ejecutó las políticas y recomendaciones del Consenso de Washington, contra-reformando en no pocas ocasiones la Constitución para recortarle derechos al pueblo. Ese modelo generó lo que Zigmunt Bauman (1999) llamó población redundante condenada al sufrimiento humano, al que denominó “enfermedades iatrogénicas de la sociedad”, refiriéndose a la pobreza, indigencia, violencia, desempleo, desigualdad, corrupción, etc.


La ruptura institucional consiste en suprimir la financiarización como criterio esencial para la prestación de los servicios sociales, sobre todo en los sectores de administración de pensiones; aseguramiento en salud; servicios públicos domiciliarios; concesiones privadas para la construcción de infraestructura pública que llenó de peajes las carreteras del país; y las concesiones para la explotación pública del espectro electromagnético. Ello implica rescatar la concepción de los derechos económicos y sociales que para los ciudadanos están consagrados en la Constitución, desligados absolutamente de cualquier atisbo de negocio o rentabilidad económica.


Esta ruptura institucional también consiste en adoptar una democracia participativa real, al crear canales de comunicación y trabajo entre el pueblo y quienes aspiran a representarlo. Ello con el fin de que los ciudadanos definan los proyectos, planes y programas que harán parte del desarrollo de sus municipios, localidades, ciudades e incluso del país. En este sentido el Pacto Histórico ya elaboró su programa de gobierno “Colombia: Potencia Mundial de la Vida” con base en la sistematización de las consultas y propuestas de la ciudadanía en las diferentes regiones del país, algo nunca hecho por parte de los partidos tradicionales que han gobernado durante 2 siglos de vida republicana antidemocrática.


No obstante, si bien es un avance importante la participación política del pueblo en el diseño y formulación de las políticas públicas a partir de sus propias necesidades, sería insuficiente si esto no trascendería más allá de las demandas segmentadas, divididas y fraccionadas, o lo que Laclau llamó la “lógica de las diferencias” (2005, p. 94). Es necesario, entonces, generar un denominador común potente entre todas esas necesidades individuales, con el fin de que se emerja la identidad colectiva o lo que Laclau también llamó “lógica de la equivalencia”. Ese común denominador es lo que en palabras de Laclau llamó hegemonía.


Lograr esa hegemonía a través de las demandas sociales es lo que el Pacto Histórico debe construir como un proyecto político coherente a largo plazo y con vocación permanente de poder. En la actualidad Colombia es un republicanismo antidemocrático y el desafío es institucionalizar un republicanismo popular, a través de la generación de los consensos necesarios para honrar el pacto social consagrado en la Constitución de 1991 e incorporar como objeto central de las políticas públicas agrarias, industriales, educativas, tecnológicas, pensionales, etc., a los hasta ahora excluidos por el Estado.


Referencias


Bauman, Z. (2002) En busca de la política. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.


Biglieri P y Cadahia L (2021). Siete ensayos sobre populismo. Herder Editorial, Barcelona-España.


Dane (1984). Encuesta de fuerza de trabajo


Dane (2017). Encuesta de ingresos y gastos


Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bakeaz, Bilbao. https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG06completo.pdf Consultó: 22/05/22.


Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

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