La paz no es un problema jurídico, es un problema político… no es una política de gobierno, es una política de estado y de toda la sociedad

La Constitución de 1991 en su preámbulo consagra la paz como un fin constitucional y en el artículo 22 señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De este mandato constitucional se concluye que la paz no es una política de un gobierno, ni mucho menos una promesa de campaña, la paz debe asumirse como una política de Estado y un compromiso de toda la sociedad, que trascienda los periodos presidenciales, los intereses partidistas y los cálculos electorales.

 De otra parte, es claro que en Colombia el narcotráfico ha sido un factor estructural de guerra y de exclusión, no es ajeno a la violencia, y por tanto no es ajeno a la paz, no puede hablarse de paz sin enfrentar con seriedad el fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico ha sido uno de los motores de violencia, corrompe instituciones y distorsiona la democracia, para nadie es un secreto la infiltración del dinero del narcotráfico en la política, la justicia y la administración pública, financiando a políticos, grupos armados ilegales y economías criminales que controlan territorios, reproduce la exclusión en las regiones rurales y empobrecidas y sustituye al Estado en zonas donde nunca ha garantizado derechos.

 La paz no se alcanza únicamente firmando acuerdos, ni promulgando leyes, mediante nuevas normas o reformas jurídicas. La verdadera construcción de la paz exige voluntad política para realizar los ajustes institucionales profundos, un modelo de desarrollo con crecimiento económico equitativo y un proyecto de sociedad que enfrente las causas reales del conflicto, con soluciones estructurales, que permitan cerrar las brechas históricas: la desigualdad, la exclusión, el abandono estatal, la concentración de poder y riqueza.

El problema de la paz, no es un problema jurídico, es, ante todo, un problema político, porque exige decisiones profundas sobre cómo queremos convivir, distribuir la riqueza, democratizar el poder y garantizar dignidad a todos los territorios y sectores sociales.

El derecho depende de la política, - las normas jurídicas -reflejan las decisiones que toma el poder político. Si no hay decisión real de cambiar las causas del conflicto, las normas quedan vacías.

 Por ello se necesita de la voluntad colectiva. La paz no puede seguir siendo una política de gobierno, sujeta a los vaivenes electorales o a los intereses de turno. Debe asimilarse como política de Estado, como un compromiso histórico, que trascienda partidos y ciclos presidenciales y que convoque al conjunto de la sociedad: instituciones, sectores productivos, comunidades, iglesias, jóvenes, fuerzas políticas, militares, medios, víctimas y ciudadanos de a pie. Si nos pusimos de acuerdo para acordar la Constitución de 1991, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo para cumplir la promesa de país consagrada en sus fines constitucionales?.