HACIA UNA CAMPAÑA ELECTORAL CON ALTURA: RESPONSABILIDAD, VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN EL CENTRO DEL DEBATE

Con el inicio de la campaña electoral de 2026, el país se encuentra ante una nueva oportunidad de fortalecer su democracia. Más allá de las emociones y las consignas repetidas, es el momento de propiciar un debate con altura, en el que prime la responsabilidad política, el respeto por el ciudadano y la construcción de propuestas viables y sostenibles. Las elecciones no deben reducirse a un escenario de ataques personales ni a un concurso de promesas sin fundamento. Los ciudadanos necesitan escuchar ideas concretas, formuladas a partir de diagnósticos serios y orientadas a la transformación social y económica del país.

El verdadero liderazgo político no se expresa en la elocuencia vacía ni en la oferta de soluciones mágicas, sino en la capacidad de presentar propuestas que respondan a la realidad nacional. Como advierte Sen (1999), el desarrollo debe entenderse como la expansión de las libertades reales que disfrutan las personas, lo cual exige políticas públicas pensadas con rigor y responsabilidad. Las propuestas electorales, por tanto, deben construirse con base en estudios serios, datos verificables y una comprensión profunda de los recursos disponibles, así como de los límites fiscales y sociales del país.

En un contexto marcado por desafíos estructurales como el déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público, es fundamental que las propuestas de los candidatos integren principios de sostenibilidad y responsabilidad económica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) ha señalado que los países deben avanzar hacia modelos fiscales progresivos, sostenibles y redistributivos para asegurar la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo reducir la desigualdad. Ignorar esta realidad es comprometer no solo la viabilidad de las políticas públicas, sino también la confianza de la ciudadanía en la democracia.

Es urgente replantear el modelo de desarrollo nacional. Uno que no solo persiga el crecimiento económico, sino que coloque en el centro la equidad y la inclusión social. Según Piketty (2020), una economía verdaderamente justa requiere redistribuir oportunidades y generar mecanismos que reduzcan las brechas estructurales de ingreso, educación y acceso a servicios. En este sentido, las propuestas políticas deben orientarse a garantizar el acceso universal a la educación, la salud y el empleo digno, con estrategias que incluyan a las poblaciones históricamente marginadas.

Otro pilar esencial del debate político debe ser el fortalecimiento institucional. No es suficiente declarar una guerra contra la corrupción; se requiere establecer mecanismos reales y efectivos para prevenirla, detectarla y sancionarla. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2021) destaca que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son componentes clave para recuperar la confianza ciudadana y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos. Además, es prioritario cerrar los caminos de la evasión y la elusión fiscal, que tanto erosionan la capacidad del Estado para cumplir sus funciones.

La campaña electoral de 2026 debe ser un momento para crecer como sociedad. Para que eso ocurra, es necesario elevar el nivel del debate, alejándonos del populismo fácil y acercándonos a una política de la responsabilidad. Proponer no es prometer cualquier cosa, sino presentar caminos posibles hacia una transformación real. Es tiempo de dejar atrás los discursos vacíos y construir, desde la seriedad y la ética pública, un país más justo, más equitativo y más sostenible.