CUANDO EL SAQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO, SE CONVIERTE EN POLÍTICA PÚBLICA - La herencia del neoliberalismo

Por: Dagoberto Quiroga Collazos

Hace más de dos décadas, leí un artículo publicado en Le Monde diplomatique[1] que, con una potencia narrativa inusual en el análisis económico, relataba la historia de los puertos colombianos como una prolongación simbólica del viejo saqueo colonial del Caribe. Bajo el título Pesca milagrosa en los puertos de Colombia, su autor, Maurice Lemoine, recurría a la imagen de corsarios y bucaneros para describir un fenómeno contemporáneo: la privatización de infraestructuras estratégicas presentada como modernización, pero ejecutada como botín. El saqueo ya no se realizaba mediante cañones y abordajes, sino a través de leyes, contratos y decisiones administrativas adoptadas al más alto nivel del poder político.

El texto, escrito entonces como una denuncia incómoda del modelo de apertura económica, adquirió con el paso del tiempo una dimensión distinta: la de una advertencia temprana. No se trataba de un alegato ideológico contra el mercado, sino de una descripción precisa de cómo determinadas decisiones políticas podían transformar la gestión pública en un proceso de desposesión institucional.

La privatización de los puertos no fue un episodio aislado ni un error técnico atribuible a fallas de ejecución. Constituyó una decisión política estructural, inscrita en un modelo de reorganización del Estado, que redefinió la frontera entre lo público y lo privado en favor de intereses económicos concentrados. La cesión de infraestructuras estratégicas no se limitó a modificar esquemas administrativos de gestión, sino que derivó en una transferencia efectiva de poder, al desplazar al Estado del ámbito clave para la soberanía económica, el ordenamiento territorial y la orientación del desarrollo.

Bajo la narrativa de ineficiencia estatal, la competitividad y la inserción en el comercio mundial,  la privatización fue presentada como solución técnica inevitable, En este proceso, el Estado renunció a instrumentos esenciales de planeación, regulación y control de sectores estratégicos, debilitando así, la capacidad pública de orientar el crecimiento y regular el mercado.

Con el tiempo, este esquema se replicó en otros sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, infraestructura, servicios públicos, salud, Educación. Sin que mediara una evaluación seria de sus impactos estructurales, se consolidó un patrón de concentración económica, captura regulatoria y debilitamiento progresivo de la capacidad estatal. El Estado no se retiró: fue reconfigurado para garantizar rentas privadas, no para proteger el interés general.

La promesa de eficiencia rara vez se tradujo en bienestar colectivo; en cambio, se afianzaron la concentración económica, la pérdida de autonomía estatal y la profundización de desigualdades. Los efectos sociales y territoriales, previsibles desde el inicio, quedaron subordinados a una narrativa de eficiencia que nunca fue neutral.

Recordar hoy aquel artículo no es un ejercicio literario. La historia que allí se narraba no era la de piratas del pasado, sino la de un modelo que convirtió el saqueo en política pública, legitimándolo mediante normas, contratos y discursos técnicos presentados como neutrales, el botín ya no se disputaba a cañonazos, sino en consejos de administración y despachos ministeriales.

En el contexto actual, cuando en Colombia se debate nuevamente el papel del Estado Social de derecho en la economía, la sostenibilidad fiscal, la regulación de los mercados y la necesidad de recuperar capacidades públicas para garantizar derechos, desarrollo, competitividad y cohesión social, aquel texto leído hace veinticinco años cobra una vigencia particular.  No como nostalgia ni como denuncia tardía, sino como memoria crítica frente a decisiones que marcaron el rumbo del país durante décadas.

El debate de fondo no es si el Estado debe existir o no, sino para quién opera y con qué propósito. La experiencia de las privatizaciones demuestra que la renuncia a sectores estratégicos no condujo automáticamente a mayor eficiencia ni a bienestar general, pero sí limitó la capacidad pública para corregir desigualdades, planear a largo plazo y ejercer soberanía económica.

Hoy, cuando se aproxima la elección del sucesor del presidente @petrogustavo y la renovación de un Congreso de la República que, en buena medida, ha optado por oponerse de forma sistemática a cualquier intento de reforma estructural, esta reflexión resulta ineludible. No como consigna electoral, sino como ejercicio de responsabilidad histórica.

Lo ocurrido con la privatización de los puertos expresa, en su forma más depurada, la esencia de lo que se conoce como neoliberalismo: la conversión de decisiones profundamente políticas en aparentes verdades técnicas; la reducción del Estado a un gestor residual; y la transferencia sistemática de activos, funciones y poder público hacia intereses privados, bajo el lenguaje de la eficiencia, la competitividad y la disciplina fiscal. No se trata simplemente de un modelo económico, sino de una racionalidad de gobierno que redefine para quién y para qué opera el Estado.

La experiencia de las privatizaciones —y en particular la de los puertos— demuestra que la neutralidad técnica fue, en realidad  una ficción útil para blindar decisiones que beneficiaron a unos pocos y limitaron, durante décadas, el margen de acción democrática. De ahí que la discusión sobre el próximo gobierno y el próximo Congreso no pueda reducirse a la alternancia de nombres, sino que debe interrogar qué modelo de Estado se pretende consolidar o superar.

Porque cuando el saqueo se naturaliza, cuando se vuelve norma, cuando se reviste de tecnicismo, deja de percibirse como tal y pasa a llamarse política económica, y es precisamente ahí donde la deliberación democrática resulta más necesaria.

[1] Le Monde diplomatique, febrero de 2000, pp. 4–5