El resultado sobre el colectivo humano de la nación colombiana después de dos siglos de vida republicana, ha sido el de una sociedad profundamente dividida por cuenta de la elevada desigualdad social producida por la concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos. La omisión del Estado para evitar la exclusión social, política y económica de una parte significativa de la población, se ha convertido en la principal causa que explica la ruptura del tejido social.
La consecuencia de haber permitido esta ruptura durante mucho tiempo, ha sido el de moldear una sociedad con precisas características de orden estructural, tales como: permanente violación de los derechos a la vida, a la igualdad y al acceso a la justicia, entre otros derechos; una sentida falta de identidad nacional; baja calidad de la educación, desempleo de dos dígitos, elevada informalidad laboral y baja cobertura pensional; alto analfabetismo ético y digital, y aún persiste población iletrada; elevadas necesidades básicas insatisfechas, inseguridad alimentaria, pobreza e indigencia; atraso científico y tecnológico con poca o nula productividad y escasa competitividad económica; baja capacidad de ahorro nacional, débil infraestructura física y alta necesidad de inversión extranjera; permanente inseguridad social y clima generalizado de desconfianza, lo que genera conflictividad de todo tipo; y por último, creciente corrupción, auge de la economía ilegal, violencia e impunidad.
En varias coyunturas de nuestra historia, la exacerbación simultánea de estas características, ha impulsado la protesta social y la atribución a Colombia por parte de observadores extranjeros de constituir un “Estado fallido” o una “Nación inviable”. Los gobiernos han sorteado esos momentos críticos con represión policial y judicializando la protesta. En algunas ocasiones ha cedido un poco en el gasto o la inversión social, pero en todos los casos, ha dejado intacto y latente el problema estructural.
Procrastinar lo público: el enemigo de la sociedad
La regularización de esta actitud de no resolver los problemas sociales en sus profundas causas sino en mitigar los síntomas de cada crisis, revela que la procrastinación es una regla general de comportamiento de quienes han gobernado y legislado a Colombia. Y no tanto por la incapacidad de ejecución de importantes y estratégicos proyectos sobre lo público, sino porque el poder del Estado, la legitimidad de sus decisiones y los cuantiosos recursos que administra, se convirtieron en el objetivo a capturar por una buena parte de políticos profesionales sobre todo aquellos militantes de los partidos tradicionales, quienes han perdido su norte ideológico.
Es recurrente que los medios de comunicación o incluso en algunos trabajos académicos, se le defina a esa actitud como una falta de voluntad política o la inexistencia de ambiente político para debatir y votar un determinado proyecto de ley. En realidad, lo que hay detrás de esa aparente falta de consenso, es la imposición de la lógica del usufructo de la política como si fuese un negocio privado: se invierte en el mercado electoral y se recupera la inversión que produce el ejercicio del cargo para el cual el político ha sido elegido. Así nace la corrupción política.
La desnaturalización del Estado
Esa actitud y lógica mercantilista se extiende desde lo electoral a la administración pública, las corporaciones legislativas, los organismos de control e incluso a la rama judicial. Por una parte, la contratación por servicios personales y los cargos públicos vacantes de carrera o de libre nombramiento y remoción, se utilizan para recompensar a la red clientelar por los favores recibidos durante la época electoral.
Por otra parte, las decisiones que toman los poderes públicos, incluyendo la adjudicación de contratos de obras públicas, son objeto del cabildeo de partes interesadas, las que finalmente obtienen beneficios y privilegios tributarios; adjudicaciones a través de pliegos ‘sastre’ en las licitaciones; ventajas de orden legal frente a competidores; excepciones frente a obligaciones legales; aplicación del vencimiento de términos, archivo y absoluciones en los procesos de la justicia penal; y aplicación selectiva de la justicia disciplinaria y fiscal para opositores políticos, entre muchas otras decisiones preferenciales.
El Estado en Colombia ha sido el instrumento de enriquecimiento y reproducción de un sector privilegiado de la sociedad, incluyendo a la clase política tradicional, lo que de suyo ha desnaturalizado el sentido filosófico del Estado contractual liberal y sus garantías para la sociedad de libertad, orden y justicia.
Lo público: entre la corrupción política y el negocio privado
Ahora bien, a la desnaturalización del Estado, se le yuxtapone el paquete de reformas traídas por las agendas del Consenso de Washington y del paradigma de la Nueva Gestión Pública, las que fueron diseñadas para los países en desarrollo durante las décadas de los 80 y 90. El principal argumento de estas agendas fue la reducción del Estado a su mínima expresión y dejar en manos del sector privado buena parte de la gestión pública, aún cuando se trate de provisión de bienes universales.
La tecnocracia de economistas formada en la lógica de que el mercado lo hace y lo puede todo, no dudó en iniciar un rápido proceso de privatizaciones de los activos y servicios públicos, tales como las concesiones del espectro electromagnético, la explotación de minerales y la construcción de carreteras; los servicios públicos domiciliarios; la generación y distribución de energía eléctrica; y la banca pública, entre otros.
El sector financiero, por su parte, logró la reforma al sistema de jubilación para crear las Administradoras de los Fondos de Pensiones y poder usufructuar el manejo del ahorro de las cotizaciones de los futuros pensionados. Así mismo, a través de las fiduciarias de la banca privada se crearon innumerables patrimonios autónomos y fondos cuenta para administrar cuantiosos recursos del Estado, como han sido los casos del Fosyga, Fonpet, Fomag, Frisco, el Fondo de Adaptación, el Fondo Francisco José de Caldas y el Fondo Colombia en Paz, entre muchos otros.
También el sector privado y empresas extranjeras se interesaron en usufructuar los recursos de la salud a través de aseguradoras llamadas Empresas Promotoras de Salud -EPS.
El fin de la oleada que desmanteló el patrimonio publicó marcó el comienzo de un ascendente nivel de endeudamiento público a través de la emisión de títulos de tesorería -TES- y bonos externos denominados en dólares, alrededor de los cuales el sector financiero nacional e internacional, se han lucrado captando un drenaje anual de recursos públicos que hoy asciende a seis y medio puntos del PIB.
La banca privada no solo recibe comisiones del gobierno por administrar las emisiones de TES en calidad de creadores de mercado, sino que logran un arbitraje adicional al convencer al gobierno de la innecesaria emisión de TES a corto plazo, con una tasa de interés siempre superior a la tasa de captación de los CDT.
El pacto sobre lo fundamental
Corolario de lo anterior es que entre la rapacidad de la corrupción y la explotación privada de los bienes públicos, el estado colombiano extravió su razón de ser filosófica, ideológica y constitucional. Las crecientes sentencias de la Corte que declaran el estado de cosas inconstitucional así lo constatan.
Es indiscutible que un Estado débil carece de la autoridad y legitimidad suficiente para propiciar el progreso de la sociedad, razón por la que es imperativo antes que implementar cualquier nueva política pública, llevar a cabo un pacto social histórico e incluyente que le devuelva al Estado su fortaleza y legitimidad.
Entre las distintas fuerzas políticas, el empresariado, los sindicatos, los poderes públicos, los organismos de control, el Banco de la República, los estamentos universitarios, los campesinos, la población afro e indígena y la iglesia, entre otros actores sociales, es posible evitar que la situación actual trascienda a una crisis humanitaria.
Un pacto sobre lo fundamental debe buscar que el interés colectivo sea gestionado de manera eficaz por un Estado Social de Derecho fuerte, que se imponga por encima de todo interés particular.