• Centro de Pensamiento Colombia Humana

Declaración fundacional Centro de Pensamiento Colombia Humana

Quienes compartimos el pensamiento progresista declaramos que el Centro de Pensamiento de la Colombia Humana (CPCH), tiene dentro de sus propósitos apoyar el desarrollo organizativo a largo plazo del partido político Colombia Humana, realizando los análisis y estudios necesarios que permitan mejorar la competitividad del partido en las distintas elecciones, así como el de estructurar programas de gobierno progresistas y constructivos para la sociedad colombiana.


Declaramos que los valores y principios del pensamiento progresista que guiarán nuestro desarrollo político, están centrados en que somos y seremos una organización democrática, pluralista, incluyente, defensora a ultranza de la vida, la convivencia, la paz y el medio ambiente.


Nuestra vocación política está dirigida principalmente a buscar la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los colombianos, con metas claras de bienestar y prosperidad ahora y a largo plazo.


Buscaremos que el Estado establezca los incentivos adecuados, diferenciados en cada región, para que surja y se consolide el emprendimiento económico amigable con el medio ambiente y generador de valor agregado en el agro, la industria, la construcción, el turismo y los servicios, entre otros sectores.


El contexto histórico en el que nace el partido político Colombia Humana es el de una Nación aún en formación pese a los 200 años de vida republicana. Si bien los retos son enormes, la voluntad y capacidad del CPCH nunca estarán por debajo de los desafíos que la sociedad viene reclamando en las calles.


Hoy la vida cotidiana de los colombianos es altamente convulsionada, propia de una Nación fragmentada y una sociedad dividida. Por esta razón declaramos que, dentro del pensamiento progresista, buscaremos los pactos y consensos necesarios para lograr una sociedad serena, sosegada, apacible y en paz. La convivencia pacífica de los colombianos será una prioridad del CPCH.


Solo el Estado debe ser quien detente el monopolio de las armas y lograr que todos respetemos este principio es recuperar la fortaleza y solidez del Estado. Por eso declaramos que la sostenibilidad de una sociedad democrática se fundamenta en consolidar un Estado de derecho que imparta verdadera justicia, respete y haga respetar los derechos humanos, la Constitución, las leyes, los contratos y las normas.


Un Estado fuerte requiere de la solidez de las instituciones que la conforman, y hoy por hoy, la corrosión del sistema político explica la principal causa de por qué tenemos un Estado débil. Declaramos que la sociedad moderna reclama la radical abolición de las viejas formas de hacer política fundadas en el clientelismo, nepotismo y corrupción.





El narcotráfico ha permeado las instituciones públicas y privadas y ello también explica la histórica debilidad del Estado. Por esta razón declaramos que buscaremos incesantemente la desaparición de este flagelo de nuestro territorio. No más campañas políticas financiadas con dineros sucios, no más políticos y funcionarios públicos relacionados con el narcotráfico y no más desprestigio internacional. Lucharemos por la decencia de Colombia.


La dependencia macroeconómica del extractivismo minero-energético; el latifundio improductivo en el agro; la baja productividad y competitividad de la industria nacional; la dependencia de las importaciones de materias primas y bienes de capital; los altos costos de la intermediación bancaria; y la subordinación tecnológica de la inversión extranjera, entre otros factores, nos circunscribe a un modelo económico rentista sumamente subdesarrollado. Históricamente, la rentabilidad de esta economía ha estado coadyuvada por el Estado a través de exenciones, exclusiones y privilegios tributarios.


Por esta razón declaramos la necesidad de diversificar productivamente nuestra economía, de acuerdo con las ventajas competitivas identificadas para cada región tanto para el mercado interno como para el externo. No más divorcio entre la educación, la ciencia, la tecnología y la productividad de nuestro sector económico.


La principal fuente de divisas de nuestro país debe provenir del valor agregado que contenga los productos que comercialicemos en el exterior. Solo así podemos lograr un equilibrio o superávit sostenible de la cuenta corriente de la balanza de pagos.


Detener el cambio climático nos exige que haya una transición en las fuentes de generación de energía. Por eso declaramos que Colombia, al igual que muchos países del mundo, debe diseñar y ejecutar un plan a corto, mediano y largo plazo de transición energética de combustibles fósiles a energías limpias.


La educación pública tiene una enorme deuda con la sociedad colombiana, como quiera que su deficiente calidad y su falta de pertinencia, explican, principalmente, por qué la movilidad social de nuestros jóvenes de los estratos más vulnerables es muy restringida y ellos se estancan laboral y económicamente. Las alternativas para estos jóvenes no pueden seguir siendo la informalidad laboral, la delincuencia juvenil o su reclutamiento por grupos armados ilegales.


Por esta razón declaramos la urgente necesidad de formular un proyecto país que políticamente provenga de un pacto social histórico, en donde la educación sea el eje a través del cual giren las reformas estructurales que requiere nuestra sociedad. Por ejemplo, la diversificación económica requiere de la pertinencia de la educación (desde el preescolar hasta la universitaria) diferenciada para cada región. Así se impulsan polos de desarrollo sostenibles en las tradicionales zonas periféricas de nuestro país, históricamente caracterizadas por la exclusión, la informalidad, el desempleo y la pobreza.


La política social asistencialista no puede seguir siendo permanente ni en la Constitución, ni en las leyes ni en las políticas públicas. El asistencialismo es necesario para suplir necesidades temporales y urgentes en bienes básicos como vivienda, alimentación, salud y educación, para garantizar una supervivencia digna.


En la medida que no hemos tenido un proyecto productivo de país ampliamente incluyente, las franjas sociales excluidas de la educación y de la economía exigen atención primaria. Pero esto no puede seguir a término indefinido.


Por esta razón declaramos que la política social del Estado no debe seguir divorciada del modelo económico ni de la política macroeconómica. La inclusión productiva de toda la población en una educación pertinente y en una economía diversificada por regiones, implicará a mediano plazo reducir ostensiblemente el asistencialismo estatal. Las redes de protección social se encargarán de garantizar la provisión de la salud y el ahorro para la vejez de todos los trabajadores. La informalidad se reducirá a su mínima expresión.


Los programas de protección social serán focalizados para aquellos que verdaderamente los necesiten, tales como adultos mayores desprotegidos, personas incapacitadas laboralmente, desempleados temporales, entre otros. Habrá condiciones de entrada a estos programas, procesos de superación de barreras y condiciones de salida. El Estado desincentivará aquella migración invisible hacia la informalidad de personas pudientes o con capacidades.


La tradicional burocratización del Estado que ha servido de correa de transmisión del régimen político clientelista, ha ocasionado la ineficiencia de las instituciones públicas frente a la resolución de las necesidades o los problemas que reclaman los ciudadanos del Estado. Por esta razón declaramos que las instituciones públicas deben estar al servicio de los ciudadanos y no de la supervivencia de los políticos.


Las reformas que el sector público requiere con urgencia consisten en separar el proselitismo o la gestión eminentemente política de la gestión de la administración pública. Los cargos públicos de asesores, profesionales, técnicos, administrativos y asistenciales deben pertenecer a la carrera administrativa, con los debidos estímulos meritocráticos que incentiven el ascenso y la carrera pública. Los cuadros directivos debe ser potestad del candidato ganador otorgarlos a los militantes más idóneos de su partido, bajo el espíritu de la responsabilidad política adquirida frente a sus electores.


Todos sabemos que, para buscar el desarrollo económico y el bienestar social de los colombianos, necesitamos hacer como mínimo las reformas arriba sugeridas, porque ahora la prioridad es salir rápidamente de la premodernidad y recuperar el tiempo perdido.


Por esta razón declaramos que el debate político debe centrarse en cómo lograrlo y no en distractores sin sentido, tales como si somos de izquierda, centro o derecha, o en fake news trasnochados de socialismos inviables.


Lo ideal sería encontrar la sensatez de los actores políticos que el momento histórico les reclama, incluso de aquellos intereses aún esquitados en los réditos de la pre-modernidad, con el fin de pactar la transición hacia una sociedad moderna, incluyente y prospera.


Bajo este contexto social, político y económico que le impone grandes desafíos al naciente partido político Colombia Humana, declaramos fundado el Centro de Pensamiento Colombia Humana.

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