¿El poder para qué?

El pacto social paralizado

El pasado 4 de julio la Constitución de 1991 cumplió tres décadas de vigencia y, sin lugar a dudas, la tutela, la acción popular y la Corte Constitucional, han sido sus tres más preciados baluartes para proteger los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos.

Otras transformaciones, por supuesto también importantes, fueron la abolición del bipartidismo y el tránsito al pluralismo político, la libertad de cultos y la elección popular de gobernadores.

En estos 30 años la Constitución se ha reformado 56 veces, valga decir, una reforma cada seis meses. Más de 100 artículos han sido modificados de los 380 artículos que en total tiene la Constitución.

Esos cambios han pasado por temas como la descentralización de las entidades territoriales, modificaciones de orden político- electoral, el régimen de pensiones, el régimen de regalías, el reconocimiento de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma, la controvertida reelección presidencial y su posterior prohibición, la incorporación del acuerdo de paz y el control fiscal, entre otras.

No obstante, es preocupante la falta de voluntad política de quienes han dirigido el Estado para hacer de la Constitución un pacto social eficaz, es decir que se cumpla en la realidad. No podemos seguir permitiendo que los derechos fundamentales a la vida, a la paz y al trabajo se hayan paralizado por cuenta de obstinados sectores políticos que han hecho de la guerra su principal bandera política.

Se ha utilizado la estrategia electoral del miedo y el temor para ganar elecciones: el fracaso de Pastrana en la negociación con las Farc catapultó a Uribe y su discurso radical de guerra bajo la denominada política de seguridad democrática. Pero ya sin las Farc como grupo guerrillero, también atizó el miedo al “castro-chavismo” y al “populismo que destruye países”, para que Duque fuese presidente bajo la bandera de “hacer trizas el acuerdo de paz”.

El abuso del poder y sus consecuencias

Una vez en el poder, a Uribe y Duque —pero también a la mayoría de quienes han gobernado este país—, se les olvidó que el poder del Estado no es para garantizarle rentabilidad, a través de privilegios tributarios, a una elite económica que, al tiempo que financia campañas políticas, sus industrias muestran incapacidad de reconversión tecnológica y, por tanto, falta de competitividad externa.

También se les olvidó que el poder ejecutivo no debería ser objeto de chantaje por parte de la mayoría de congresistas. Eso que llaman gobernabilidad es lo que se “negocia” entre los dos poderes públicos para que el presidente de turno pueda tramitar sin obstáculos una agenda legislativa que honre sus promesas electorales. La moneda de pago a ese chantaje ha recibido distintos nombres con el paso del tiempo: auxilios parlamentarios, fondos de cofinanciación, cupos indicativos regionales y, últimamente, “mermelada” o lo que es lo mismo: partidas presupuestales, puestos y contratos.

Así nace la corrupción política y se profundiza cuando se tejen vasos comunicantes entre narcotraficantes, paramilitares y políticos, cuyo objetivo tácito es desfalcar y deshonrar al Estado y a la sociedad. Las consecuencias no se hacen esperar: se corrompen los demás poderes públicos, la justicia y los organismos de control, generando desconfianza por parte de la ciudadanía, lo que de suyo trae la debilidad institucional del Estado.

La lógica de la administración pública se invierte, puesto que la justicia, regulación, leyes y normas se le aplican con rigor a quienes estén en contra de las mafias, mientras que la preclusión por vencimiento de términos en la Fiscalía, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia, la cooptación presidencial de los organismos de control, la supensión de la ley de garantías, entre otras perlas institucionales, están a la orden del día para garantizar la reproducción de los mismos con las mismas, incluso por fuera de la ley.

El Estado enemigo de la juventud vulnerable

En el entretanto, las calles abarrotadas de jóvenes protestando por ese evidente estado de cosas inconstitucional en que los políticos tradicionales han convertido a Colombia. Los derechos fundamentales de estos jóvenes y sus familias han sido vulnerados de manera permanente por el propio Estado: hambre, pobreza, deserción escolar, desempleo, marginamiento, discriminación por raza y género, informalidad y demás enfermedades iatrogénicas de la sociedad, parafraseando a Zygmunt Bauman.

Así nace la desigualdad en Colombia, generada y patrocinada por el mismo Estado. Esta es la cara oculta de la violencia, la que Johan Galtung llama violencia estructural. Ante las peticiones de dialogo de los jóvenes, quienes dirigen el Estado asumen una actitud arrogante y no dialogan, ni resuelven las necesidades de quienes protestan.

La frustración de los jóvenes algunas veces se desahoga en contra de las sedes de las elites económicas, financieras, políticas y del mismo Estado que van encontrando a su paso en las protestas. Para los jóvenes estas sedes representan los símbolos causantes de la desdicha de su niñez y su juventud. Esa manifestación de rebeldía no es solo de Colombia, sino en cualquier otra parte del mundo en donde los gobiernos produzcan injusticia social. Luego, el Estado revictimiza a esta juventud al criminalizar su rebeldía, convirtiéndolos en presos políticos.

Como si la carencia de una vida digna no fuese lo suficientemente grave, el Estado además ejerce la violencia directa, al cosificar a 6.402 de estos jóvenes vulnerables y engañarlos bajo la promesa de oportunidades laborales, para aislarlos de sus entornos familiares y luego asesinarlos y presentarlos como trofeos para acceder a prebendas militares. Los falsos positivos solo caben en la cabeza de los psicópatas y sociópatas, nunca en un estadista.

Se extiende la violencia

Quienes pactaron la paz dejando las armas para dedicarse a una lucha política desde las ideas, son asesinados; quienes ahora reclaman la devolución de sus tierras usurpadas en la incruenta guerra, son asesinados; líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos, son asesinados. Los dirigentes de un Estado que toleran las fuerzas oscuras que cometen estos crímenes, son dirigentes fascistas.

¿El poder para qué?

El miedo, el abuso del poder, la violencia y la represión no pueden seguir intimidando y manteniendo rehenes a una nación con una juventud pujante, talentosa y con deseos de construir país. Por eso, los electores tenemos que hacernos la misma pregunta que Darío Echandía se hizo hace 73 años, con ocasión del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán: ¿el poder para qué?.

Mientras muchos países del mundo industrializado repiensan su destino a la luz de las corrientes culturales postmodernas, la revolución del conocimiento, el internet y las comunicaciones, y atendiendo la urgencia del cambio climático, entre otros desafíos; nosotros los colombianos no salimos de la premodernidad feudal, fango en el que nos hundimos cada día más. Nos cuesta trabajo siquiera pensar en función de la razón, la libertad y los valores democráticos propios de sociedades modernas.

Por eso el país requiere ante todo una transformación política para que se desparalice el pacto social firmado en 1991 y se erradique de una vez y para siempre las viejas prácticas clientelistas y corruptas; para que el ejercicio del poder del Estado siempre sea en consideración del interés general de la sociedad y no de quienes tienen la capacidad de capturarlo y cooptarlo; para que se desincentive la concentración de la propiedad de la tierra rural al desligarla del poder político regional; para que se recupere la majestad de la justicia, erradicando por completo su politización; para que las mentes más brillantes de nuestra Nación se incentiven a participar en la administración pública; en fin para que el Estado cumpla con su función frente a todos los colombianos, especialmente los más vulnerables.

El poder del Estado es para garantizar la vida y los derechos humanos, lograr la paz, la libertad, el orden, la justicia y una verdadera democracia.